06 de Febrero de 2018 21:38h

La gestión de Amat en la Diputación de Almería inicia su calvario judicial

Mientras se le denuncia por cortar el agua a vecinos de pueblos pequeños, arranca la toma declaraciones en las tres piezas del caso Olula

Gabriel Amat y su número dos, Aureliano GarcíaGabriel Amat y su número dos, Aureliano García

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, Gabriel Amat, de por si ya presionado por las causas abiertas desde Roquetas de Mar y en las que la brigada de crimen organizado investiga por orden judicial la red de empresas presuntamente vinculadas con él y las operaciones urbanísticas para las que se crearon mientras ha sido alcalde de la localidad por el PP, se ve ahora cercado con dos nuevos frentes judiciales abiertos a causa de la gestión del día a día de la institución que representa y que tenía delegada en gran medida en el número dos del Palacio provincial y del Partido Popular en Almería, Javier Aureliano García Molina. 

Si ayer se presentó una demanda que le acusa directamente a él por cortar el agua a pueblos del Almanzora y que le puede generar más problemas que los que preveía ante la caída de Galasa, la millonariamente deficitaria empresa pública, en las últimas semanas los mismos juzgados de Purchena en los que se verá el caso del agua ha sido escenario de la toma  de declaraciones al alcalde de Olula del Río, Antonio Martínez Pascual (PP), y Miguel Ángel Castellón (PP), actual concejal de urbanismo de Almería capital pero anteriormente responsable de las obras públicas en la institución supramunicipal. La rotonda con esculturas construida mucho antes de que se firmase el contrato de ejecución, falsificando para ello actas de no inicio de obras, adjudicaciones millonarias de alumbrado para la mejora de eficiencia energética con informes supuestamente de Diputación, sin firmar y que luego aparecieron rubricados por técnicos locales, o la cesión de un espacio público sin contrato y para una actividad privada, son los hechos que han provocado que cada uno de los investigados o imputados tire por su lado, intentando salvar su pellejo y dejando las versiones del otro en total contradicción.

 

El caso Olula ha destapado la falta de un relato conjunto que les permita presentar un frente común de defensa, y con ello complica enormemente el papel de la Diputación, ya que en la pieza de la rotonda el alcalde de la localidad culpa de cualquier irregularidad a la institución provincial y se exime de cualquier responsabilidad afirmando que la obra “la hizo la empresa Olumafi, que la adjudicó Diputación Provincial, que ellos (el equipo de gobierno) aprueban el proyecto pero quien adjudica es la Diputación. El Ayuntamiento solo aprueba el proyecto y no es quien para adjudicar, ni decir cuando se inicia”. En su declaración reconoce que “no sabe como se firmó, ni la fecha porque el ayuntamiento no tiene nada que ver en ese contrato y no estuve presente”. Pese a todo fue el propio equipo de gobierno el que unos días antes de las elecciones municipales, dos meses antes de la firma del contrato, exhibía en su perfil de Facebook la plaza totalmente terminada.

 

Castellón en apuros

Las declaraciones del alcalde del PP ponen en un serio aprieto a Miguel Ángel Castellón, por entonces diputado delegado del área de Fomento y responsable de esas obras, que si bien en estos momentos no está investigado por este caso, -si lo está por la contratación de obras de eficiencia energética-, depende de la interpretación que la jueza Pilar Alfonso haga de los testimonios recogidos durante estos días para que su situación cambie. 

La propia magistrada tiene que lidiar, además, con el hecho de que la empresa de su marido fuese la que donase el mármol con el que se hicieron las esculturas de la rotonda en liza, siendo nombrado hijo predilecto de Olula del Río meses después por el mismísimo  Antonio Martínez, es decir, el alcalde imputado.

A Castellón no se le pudo preguntar por esta construcción en concreto pese a que contaba con actas de no inicio de actuaciones firmadas por funcionarios de su departamento, cuando las publicaciones en redes sociales y notas de prensa del propio ayuntamiento indicaban lo contrario. En el único caso que por ahora se le mantiene investigado es por el contrato ganado por Osepsa para obras de eficiencia energética. Esa oferta tuvo enormes reparos en la mesa de contratación pero finalmente se le adjudicó apoyándose en un informe cuya autoría ahora nadie reconoce. Supuestamente procede del área de Castellón pero éste no reconoce su autoría hasta el punto de que en su declaración deja sólo al alcalde de Olula afirmando que “se solicitó informe a Diputación por parte del Ayuntamiento, que no le consta que ningún documento saliera, ni ningún borrador ni mucho menos un documento oficial, que lo único que le consta es que se pidieron dos informes técnicos y se denegaron ambos, que en su conocimiento no le consta ni que se enviara borrador ni documento oficial alguno”.

La evidente división entre los miembros del mismo partido pone en un serio aprieto a la institución provincial, cuyo letrado sí asiste a Castellón, ya que ninguno asume culpa alguna de las decisiones que llevaron a construir una plaza sin contrato, o adjudicar un concurso a una empresa sobre la base de un informe del que nadie se hace responsable. 

A la jueza le toca dirimir quiénes son los verdaderos responsables de las presuntas irregularidades, qué institución pudo maniobrar al margen de la ley en cada uno de los casos, sin olvidar que al alcalde de Olula también se le imputan cargos por la cesión de un área recreativa sin que aparentemente mediase procedimiento administrativo reglado.

En principio puede verse el caso Olula o la misma guerra del agua como un episodio más del día a día de las administraciones aderezado con una buena dosis de refriega política, pero en el trasfondo de ambos casos está una Diputación Provincial que intentaba estar lejos de los juzgados para inhibirse de los problemas judiciales de su jefe, el también presidente provincial del PP, Gabriel Amat, y derivados de su investigada gestión al frente del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. El hecho de que comience a judicializar de forma seria su paso por la institución, deja entrever que  su hombre fuerte, Javier Aureliano García no ha sabido o podido, articular las medidas necesarias para que Amat no se vea entre dos frentes, los que le salpican desde Roquetas y aquellos que le empiezan a llover desde la provincia y menos en estos momentos, cuando la cuenta atrás de las próximas municipales ya ha comenzado.

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